La regulación del recurso hídrico ha sido materia pendiente en la legislación salvadoreña, aunque existen varias iniciativas de ley, en los últimos meses, la naturaleza de la rectoría y sus atribuciones han sido el punto de discordia entre los sectores políticos.
El 22 de marzo de 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN, presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley General de Aguas con el fin de regular la gestión de las aguas en todas sus tipificaciones (continentales, insulares, estuarinas, marinas, superficiales, atmosféricas y subterráneas a cualquier profundidad).
Esta iniciativa propone la creación del Consejo Nacional del Agua, CNA, y su respectivo comité consultivo, dicha propuesta establece que el agua es un bien nacional de uso público, inalienable, inembargable e imprescriptible, el dominio le pertenece a la nación y su uso y goce a todos los habitantes.
Por otro lado, el 14 de junio de 2017, algunos partidos políticos presentaron la propuesta de “Ley Especial Integral del Agua”, donde la administradora sería una autónoma denominada Autoridad Hídrica, cuya junta directiva incluye a representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada y de la Corporación de Municipalidades, COMURES.
Esto ha dado pie a interpretar que en esta última propuesta, subyace la intención de privatizar el agua, por lo que la polarización política que impera en El Salvador junto al ambiente pre-electoral, han encontrado la coyuntura que permite el despliegue social del que hemos sido testigos en los últimos días.
Según el Tribunal Centroamericano del Agua, El Salvador tiene graves problemas en cuanto a escases del vital líquido; y en datos del MARN, solo el 5% se considera de buena calidad.
El Salvador debe aunar esfuerzos para proteger y conservar los recursos hídricos que aún quedan, a fin de garantizar el derecho de todos los salvadoreños a contar con agua en forma suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible, por lo tanto el Estado salvadoreño debe establecer la condición jurídica del agua como bien nacional de uso público. Este tema es tan importante que no debe volverse político partidario ni fanático, sino que debe ser abordado de manera ética, científica y técnica, sin favorecer intereses de sectores particulares, ni responder a manipulaciones pre- electorales, sino que debe buscarse el bien de todos los salvadoreños, para ello debe crearse una propuesta alternativa, una política de Estado que responda a los intereses de toda la población, vinculando a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a la academia.
Por: Lcda. Mildred Sandoval
Jefe del Departamento de Investigación de UNASA
